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| La Cámara fue electrizada esa
tarde por el diputado Lainé, que siendo bonapartista, criticaba
los desatinos imperiales de Napoleón l. Los diputados, en
trance furibundo, ovacionaron una oratoria inflamable, que no se
escuchaba en Francia desde los años de la Revolución.
Cuando fue informado, el Emperador tronó furioso: “¡La
ropa sucia en casa se lava!”; acto seguido clausuró la
Cámara, secuestró el discurso y acusó a Lainé de
estar vendido a Inglaterra. El republicano Bonaparte guardaba en
su gorro frigio la garra imperial de Napoleón l. Confrontado
con la denuncia, acudía al ciclo autoritario: ocultar la información,
reprimir, desfigurar la información. No conozco antecedente más antiguo de esa frase, pero de todas formas es falsa. Es la ropa más sucia la que por lo general se lleva a la lavandería –aquella mancha terca, aquella inexplicable, o aquella imprudente y delatora. Si no fuese así, mi amigo Hans, dueño de Festival, no andaría tan risueño. Pero en la democracia no hay lavandería para los actos gubernamentales; se lavan en público, o son escondidos en secreta trastienda, con otras prendas también manchadas. Quien lleva un caso de posible corrupción a la plaza pública, ¿Lo está sacando de casa, o está informado a la sociedad? La sentencia de Napoleón no es aplicable a las denuncias de la designada Armida de López. Móviles, contenido y sus consecuencias, son ya otra cosa. ¿Busca notoriedad política? Sería absurdo que, a cambio, pusiese en apuros a su gobierno. Antes bien, dice que desde enero informó al Presidente; si así es, como parece confirmar el silencio del señor, la indiferencia marcaría su habitual distancia de las cuestiones incómodas, o su apoyo a la conspiración de sus más cercanos secretarios. Esto es grave, aún en Honduras. En algunos países de Europa, el gobierno ya habría caído. En Estados Unidos, porque Mónica no lavó su vestido, para guardar la huella de la inconclusa gestión presidencial, el señor Clinton casi pierde su empleo. Se dice que la incomodidad del Presidente con la Designada viene desde la campaña electoral; que ella elevaba su propia figura, no la del candidato; se cuenta que la protección de algún colaborador cuestionado desagradaría al Presidente, porque ella no querría corregir la situación. Pero esas complicaciones, si existiesen, explicarían el disgusto, no la inacción que habría incubado la crisis; tampoco invalidan las denuncias de la Designada, ni su decisión de informar a la opinión pública de un asunto que, en su criterio, estaba siendo postergado en perjuicio de la nación. Por otra parte, la crisis aflora días después que el secretario de la Presidencia escribe a Transparencia Internacional, protestando porque, según el gobierno, Honduras ha sido calificada injustamente, y solicitando ayuda técnica para combatir la corrupción. La carta queda así descalificada por la Vicepresidenta López, ante una comunidad internacional que conoce la investigación que en enero de 2002 entregó el Instituto del Banco Mundial, hecha a petición de la administración anterior; ahí es descrita la corrupción, sus prácticas y practicantes, su costo económico y social, el tamaño, clase y forma de los sobornos, su peso en el Poder Judicial y en los servicios públicos, la compraventa de cargos públicos, hasta concluir que “el soborno es más dominante en todas las áreas en Honduras, comparando con otros países centroamericanos”. Los magros resultados del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), argumentado como progreso por la carta citada, podrían indicar falta de decisión ejecutiva para enfrentar la corrupción. La frustración del CNA comienza a ser evidente. ¿Qué originó esta situación? Doña Armida es representante de Honduras en el plan Trifinio, cargo que, carente de recursos, nadie quería antes que ella consiguiera ayuda por 24 millones de dólares, que se dice atrajeron atención de la cúpula gubernamental. En el forcejeo burocrático, la administración de ese dinero parecía deslizarse a niveles que algunos consideran contaminados, ajenos al propio círculo de hierro. Un proyecto limpio fue convertido en trapo sucio, que ahora es preciso lavar, para que los cooperantes desembolsen su dinero sin temor a que sea malversado. Sumadas a las adjudicaciones de generación eléctrica sin licitación, al pago de los colapsos bancarios con dinero de los contribuyentes, a la condonación de la deuda agrícola con ese mismo dinero, las dudas levantadas por la Designada erosionan el sustento ético del gobierno, cuyos líderes fundamentaron su propuesta electoral con la promesa de una nueva ética. En vez de abrir el debate a la opinión pública, se ha negado la existencia del problema, como si doña Armida no fuese Vicepresidenta de Honduras, sino una señora que vende mangos en la esquina. Este caso recuerda el de Juliette Handal: los juegos de poder de los mismos secretarios, un préstamo del BID, el deterioro de un proyecto importante, la lejanía del Presidente, sórdidas prácticas burocráticas, que llevan al agredido por los recovecos del poder para mejor neutralizarlo, y si es posible, forzarlo a salir, como ocurrió con la señora Handal. Es el uso tribal del poder, considerado atributo personal, no una delegación de las mayorías para buscar el bien común. Creo que el gobierno todavía puede debatir, aclarar, rescatar credibilidad, rectificar posibles errores con la frente descubierta. Pero un manto de silencio cubre ahora la denuncia, tan espeso que hasta la oposición calla, como si los 14 precandidatos liberales demostrasen que la búsqueda del poder no reclama pasión ciudadana, sino presencia mediática, virtual, consciente de su propia irrelevancia. Aquí podría, también, concluir la palabra de la Designada, quien no sabría explicar porqué puso a su gobierno en aprietos y no tuvo la tenacidad cívica de exigir hasta el fin la satisfacción pública de su reclamo y la rectificación consiguiente. Habría abierto la puerta de la trastienda, pero la habría cerrado, presurosa, quien sabe si arrepentida, quien sabe si temerosa, quien sabe si convencida. |
31 de octubre de 2003
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