El 20 de octubre de 2003, el Fondo Monetario (FMI) informó que estaba satisfecho de la tercera revisión al préstamo concedido a Nicaragua el 4 de diciembre de 2002, dentro del programa “Servicio para el crecimiento y lucha contra la pobreza”, por US $ 139.2 millones. Nicaragua había firmado su carta de intenciones con el FMI el 19 de noviembre de 2002. La revisión, que la habilitó para recibir un desembolso por casi 10 millones, adicional al primero de 30 millones, fue solicitada desde junio de 2003, puesto que, se dijo, ya en marzo habían sido cumplidas casi todas las metas de la carta de intenciones. Convencido, el FMI aprueba una nueva en junio de 2003, unos siete meses después de la anterior.
Concluida la reunión del FMI, el señor Agustín Carstens, Subdirector Gerente, manifestó que “la reciente ejecución económica de Nicaragua es encomiable. Las autoridades han demostrado un sólido compromiso hacia su programa económico, y como resultado, Nicaragua espera mejores perspectivas de crecimiento, estabilidad financiera y reducción de la pobreza”. Concluye que es “posible que alcance el punto de culminación (del HIPC) a finales de este año”.
Por su parte, el Banco Mundial elogiaba al vecino en diciembre de 2002, cuando aprobó los progresos del programa de reducción de la pobreza con “notas satisfactorias”. El 13 de marzo de 2003, Jane Armitage, Directora para Nicaragua en el Banco, declaró que el país “ha hecho progresos sustanciales en los últimos 4 años para construir una sociedad estable, con una economía de mercado capaz de regenerarse”
¿Qué hizo el pupilo para merecer palmaditas en la espalda, en tanto que los maestros enviaban nuestro gobierno a una esquina del aula, después de aplazarlo dos veces? En 2001 nuestro desequilibrio era menor que el de Nicaragua. Su déficit fiscal sobre el PIB era de 8.6%; su PIB era 40% del nuestro; su déficit en cuenta corriente (balanza de pagos) era de 38.1% sobre el PIB; su deuda externa era dos veces y media su PIB (tres cuartos la nuestra). La situación política, aún más precaria, empeora después que Bolaños decide enjuiciar a Alemán, acción que divide su partido. Cuando intenta sus reformas económicas, apenas le respaldan ocho diputados. En diciembre de 2002, la Asamblea aprueba un presupuesto fiscal contrario a los compromisos de la carta de intenciones; Bolaños veta la ley, negocia y logra la aprobación en febrero de 2003. En abril, mayoría calificada de la Asamblea aprueba al gobierno una reforma fiscal con vigencia en junio, mes de la segunda carta de intenciones: elimina dispensas al impuesto sobre el valor agregado, reduce exenciones arancelarias, crea un impuesto al activo neto de las empresas, incluyendo 0.6% sobre los depósitos bancarios.
Nicaragua implantó medidas técnicamente consistentes y políticamente factibles, guiadas por un Plan Nacional de Desarrollo (2003-08) que las enlaza con ocho metas y doce objetivos sociales, cuantificados, con indicadores intermedios verificables. Los costos de cada programa y sus brechas financieras son calculados y proyectados.
En su informe de junio de 2003, el FMI declara que “... a pesar de algunos tropiezos y demoras en la implantación del programa, el marco macroeconómico permanece intacto...” Nicaragua parece haber entendido que si no logra la culminación del HIPC, su economía y su gobernabilidad podrían sufrir deterioros irreparables. Una señal de compromiso es que un ex Presidente haya sido detenido y enjuiciado por actos de corrupción; para la comunidad internacional, eso es tan relevante como los progresos macroeconómicos.
Ahora bien, ni esas mejoras son estables por sí mismas, ni el plan de desarrollo implica que será cumplido. Sin embargo, la reflexión sobre nuestro caso es inevitable. Nicaragua es nuestro vecino, los dos gobiernos asumieron el poder casi al mismo tiempo, encontraron situaciones económicas muy deterioradas y climas políticos adversos al cambio.
¿Por qué, entonces, aquel país ha logrado dos cartas de intención en 18 meses y está a punto de culminar el HIPC, en tanto que Honduras ha fallado dos intentos en dos años, y no tiene idea de cuándo culminará su HIPC? La respuesta es múltiple. No se trata solamente de liderazgos más firmes, sino también de objetivos, métodos y actitudes estables, consistentes, que facilitan la negociación política. El plan de desarrollo aglutina voluntades políticas dispersas y contrapuestas, junta habilidad negociadora del Ejecutivo con entendimiento nacional de los riesgos de un colapso general de la economía y de la paz social. Ese convencimiento ha escaseado en los liderazgos gubernamentales, políticos, sociales y empresariales de Honduras.
La más grave sensación del momento es que, pase lo que pase con el FMI, los dos años restantes no serán muy distintos de los que están concluyendo. La Ley de Responsabilidad Fiscal, supuesto planteamiento del gobierno –no se conoce ninguno seguro- es un curioso intento de convertir en ley metas y responsabilidades administrativas que son propias del Ejecutivo; de ilegalizar todo déficit fiscal mayor que 2% sobre el PIB; de arreglar por decreto la macroeconomía. Es como si el sida fuese declarado ilegal.
En los últimos trece años, los gobiernos han impuesto cinco ajustes alegando las mismas razones. Si las reformas ahora supuestas son periféricas, y el alza del impuesto sobre ventas provocaría oposición frontal; si no hay un plan de desarrollo, sino una pintoresca lista de medidas aisladas; si las mismas promesas tendrían que ser cumplidas por los mismos que ya fracasaron dos veces en menos de dos años, ¿En nombre de qué se exigen nuevos sacrificios a la población? El problema sigue siendo el mismo: la gente trabaja cinco días a la semana y el gobierno gasta siete. ¿No debería, por lo menos, detallar en lempiras, no en porcentaje global, cuánto va a poner, y de dónde, para cerrar la brecha, y proponer un mínimo plan de acción para los próximos dos años? Sí que debería. Hasta hoy, demuestra que no sabe hacia dónde va, y aún así nos pide que lo sigamos. |
