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Editorial
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| BOMBA DE TIEMPO |
| La denuncia de jóvenes mareros, recluidos en el
presidio de San Pedro Sula, atrajo, nuevamente, la atención sobre
el sistema penitenciario, en concreto, sobre la situación de hacinamiento,
inseguridad y corrupción en la cárcel sampedrana, calificada hace
algunas décadas como “corralón” y poco ha cambiado. Desde aquel presidio de pueblo en los bajos de la municipalidad que pasó después al cuartel cercano y más tarde a unas cuadras del centro para terminar en el predio del barrio Las Palmas, ha transcurrido más de medio siglo, pero más que en el tiempo, la diferencia habrá que hallarla en la transformación de la sociedad, cuantitativa y cualitativamente, y en embestida delictiva y criminal de los últimos años. A esta situación de inseguridad y violencia generalizada en la sociedad ha habido respuestas algunas impregnadas de improvisación, otras con una visión a corto plazo que han resultado efectivas y muy pocas en la perspectiva de las futuras generaciones. Hay, en la administración pública, como una especie de acuerdo implícito, propia de la política electoral, de resolver los problemas de hoy, mañana “Dios dirá”. Faltan estadistas. El sistema penitenciario está sumamente preocupado en mantener los centros de internamiento en tranquilidad, que no haya desorden y que no se susciten hechos violentos que atenten contra la vida de los presos, pero el aumento de la población penal, la mayoría de ella joven, va incubando frustración, odio y venganza que convierten los presidios en bomba de tiempo. La comisión integrada a raíz de la tragedia en la granja El Porvenir recomendó la reparación de 13 reclusorios, pero, sobre todo, señaló la necesidad de traspasar el control de los centros penales a un organismo, desconcentrado del Poder Ejecutivo, que trazase y ejecutase la política penitenciaria. No se ha vuelto a tocar este tema que deriva hacia futuro y que, en medio de la controversia, puede resultar sumamente favorable al marcar distancia con la política, con el sectarismo o con la influencia del poder. La intensidad de los operativos policiales, el endurecimiento de las leyes y el incremento en el número de agentes policiales que realizan más capturas, congestionan los centros de reclusión existentes, sin que se conozca aún, pese a la gravedad de la situación, de la construcción de algún presidio. A corto plazo las autoridades están a la espera de la publicación en La Gaceta del decreto que posibilita la redistribución de presos en granjas penales que todavía disponen de cupos. Pero no será más que un paliativo, pues el crecimiento de la población penitenciaria es permanente y no se proporcionan mayores recursos ni más instalaciones. Una y otra vez se habla de una cárcel de máxima seguridad destinada para aquellos reclusos condenados por delitos graves y que supongan un peligro para la seguridad ciudadana. “Rumores, rumores...’’ como en la canción. Con una de las innumerables acciones violentas en el presidio de San Pedro Sula revivió la idea de la construcción de una granja penal a fin de descongestionar, en un principio, y posteriormente derruir el reclusorio para destinar el predio, ya en plena ciudad, para el aprovechamiento de los ciudadanos. No halló eco en el Ministerio de Seguridad la iniciativa y la buena disposición de los ciudadanos integrados en un comité interinstitucional. Cuando la bomba explosione comenzarán las carreras, pero quizá ya sea tarde para salvar vidas. |
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06 de noviembre de 2003 |
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