Las pláticas para consensuar el
proyecto de ley del Pacto de Responsabilidad Fiscal, por tercera
vez, continuaron ayer con escasa concurrencia. Al final del ejercicio
no hubo acuerdo.
La falta de continuidad de los participantes ha sido uno de los
factores que ha incidido en que todavía no haya un consenso,
se quejó el secretario de Finanzas, Arturo Alvarado, razón
por la que “unas personas desconocen qué se hizo en
la sesión anterior, y ahora dicen que no darán el
visto bueno para aprobar el documento”.
Uno de los temas que tuvo mayor discusión fue el congelamiento
del salario de los empleados públicos que perciban una cantidad
de dinero, que aún no ha sido definida.
La intención es reducir el déficit fiscal, sanear
las finanzas públicas y cumplir con una de las exigencias
que el Fondo Monetario Internacional planteó, desde inicio
del año anterior, para suscribir un acuerdo económico
por tres años con la administración del presidente
Ricardo Maduro.
El déficit fiscal se puede bajar de dos formas: reducción
del gasto, en este caso por medio del congelamiento de salarios,
o aumentando los ingresos. “Si no podemos sacrificarnos por
la vía del gasto, entonces quiere decir que sí estamos
dispuestos mediante los ingresos”, aseguró el titular
de Finanzas, dejando abierta la posibilidad de aplicar más
impuestos.
EL PRESUPUESTO
El gobierno tiene un déficit fiscal de 5.1% en relación
al Producto Interno Bruto (PIB), o sea que gasta más de
cinco mil millones de lempiras por encima de lo que produce. Sin
embargo, el mismo Congreso Nacional aprobó un aumento de
casi dos mil millones para el Presupuesto General de la República
para 2004.
“Eso se debe a que por primera vez se le otorgará el
6%, del Presupuesto General, a la Universidad Nacional, 3% al Poder
Judicial, 3.5% a las municipalidades y por todos los programas
que se realizan a favor del pueblo hondureño”, defendió el
subsecretario de presupuesto, William Chong Wong.
La meta de la actual administración, preestablecida por
el Fondo, es reducir ese déficit a 2% en el período
que dure el acuerdo económico, es decir tres años.
REGRESARON LOS MAESTROS
Representantes del magisterio, uno de los sectores que se había
retirado de las mesas de negociaciones, se presentaron a la discusión
de ayer, “sólo para dejar claro que no estamos dispuestos
a permitir que se nos congelen los salarios”, declaró Rafael
Izaguirre, presidente del Colegio Profesional de Superación
Magisterial Hondureño (Colprosumah).
Los médicos, por su parte, continúan retirados,
desde la segunda reunión el 10 de octubre, de las mesas
de trabajo. Según ellos porque “ese diálogo
más bien parece un monólogo entre amigos del gobierno,
lo que condiciona que los acuerdos logrados no sean representativos”.
El presidente, Ricardo Maduro, ante esa problemática ha
concertado reuniones bilaterales con maestros y médicos,
para hacerlos retornar al diálogo “ya que no se trata,
con este Pacto Fiscal de perjudicar a un sector en particular”,
informó el secretario de Finanzas.
SECTOR PRIVADO
Se ha avanzado en estas negociaciones porque se tiene una propuesta
en documento que hay que afinarlo, agregar cosas que faltan,
como información cuantitativa para verificar que las cifras
que se han propuesto son las correctas, apuntó Manlio
Martínez, presidente del Colegio Hondureño de Economistas
(CHE).
El documento final podría estar listo en 15 días,
trabajando dos días por semana, dando tiempo a los representantes
de los trabajadores para consultar a las bases y llegar a un acuerdo,
agregó.
“No estamos de acuerdo en que los funcionarios y empleados
del gobierno continúen aumentándose los sueldos,
cuando el resto del pueblo también se sacrificará en
este Pacto Fiscal”, dijo Martínez.
PROPUESTAS
El sector obrero es el que más discusiones ha generado en
las últimas dos reuniones de concertación del Pacto,
ya que consideran que serán los más sacrificados
por el gobierno para sanear las finanzas del Estado y así complacer
al Fondo Monetario.
En el borrador de la segunda reunión se planteaba la limitación
del gasto corriente, para los próximos dos años,
a un porcentaje máximo del 18% con relación PIB.
Los obreros piensan que ellos cargarán con esa responsabilidad.
También se contempla ajustar los subsidios otorgados a
las actividades productivas como transporte y energía eléctrica
con un carácter temporal y enmarcándose en la capacidad
financiera del Estado, limitando los mismos a las personas de más
bajos recursos; que las micro y pequeñas empresas paguen
impuestos como cualquier empresa grande, entre otras.
La fecha de la siguiente reunión la dará a conocer
en los próximos días los coordinadores de ese diálogo. |